Las narrativas de odio tienen un denominador común: la discriminación. Es decir que “a pesar de no existir consenso sobre la definición exacta de discurso de odio, sí hay acuerdo sobre el hecho de que toda expresión de odio debe ser discriminatoria hacia otras personas, a las que se percibe como diferentes, “los otros”, y que sea así por razón de su origen, religión, género, orientación sexual, u otras características o condiciones personales”(1). Al mismo tiempo, estas narrativas discriminatorias pueden ser una antesala de actos de violencia que se hacen efectivos en el plano físico y que, en la actualidad, encuentran su amplificación especialmente a través de las plataformas digitales. “Aunque no todos los mensajes de odio dan lugar, en la práctica, a delitos motivados por prejuicios, esos delitos rara vez se producen sin una estigmatización y deshumanización previas de los grupos afectados y una incitación al odio de sesgo religioso y racial” (ONU, 2015)(2). 

Debido al incremento del clima de polarización a nivel global, en especial en las redes sociales, la ONU lanzó el año 2019 el Plan de Acción contra el Discurso de Odio; al que define como «cualquier tipo de discurso, escrito o conductual, que ataca o usa lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o grupo sobre la base de lo que son”. 

La lucha por la promoción y ampliación de los derechos de las mujeres y niñas no han sido una excepción a la hora de recibir ataques mediante narrativas de odio. La manipulación de la información, insultos, descalificaciones y amenazas se han vuelto cada vez más comunes en el debate público, y muchas mujeres han debido evaluar el precio de manifestarse libremente y tomar medidas preventivas para evitar ser objeto de agresiones. 

La situación se agrava cuando líderes de opinión legitiman estos discursos y facilitan su normalización. Recordemos cuando en plena campaña electoral para la segunda vuelta presidencial, el diputado electo, Johannes Kaiser, cuestionó el derecho a voto de las mujeres e incluso alentó las violaciones. 

Si bien hay cada vez más conciencia del efecto de las narrativas discriminatorias, intervenir normativamente es complejo dado que “en la medida en que la doctrina de la libertad de expresión (particularmente a nivel regional) señala que los discursos deben ser tolerados casi en todas sus expresiones; sólo podría haber prohibición de discursos que inciten en forma directa a la violencia o al odio(3). Por eso, más allá de las penalizaciones y sanciones, es importante la promoción de la educación mediática, como una estrategia para la entrega herramientas conceptuales y prácticas que permita a la sociedad en general y, las y los profesionales y trabajadores de la comunicación, en particular, conocer las definiciones y consecuencias de utilizar y difundir narrativas de odio, de modo de comprender hasta dónde puede llegar la revictimización de una mujer o disidencia, la difusión de un prejuicio o de un estereotipo de género. 

Contra las mujeres 

En los últimos años, destacan en el país hitos relevantes de ciberactivismo que han permitido abordar el problema del acoso digital y las narrativas de odio contra mujeres, tal como lo explica el estudio ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? Activismo feminista y grupos antiderechos en el Cono Sur de América Latina (2021); iniciativa desarrollada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur(4)”. 

El informe destaca la intervención Un violador en tu camino del colectivo feminista Las Tesis el 25 de noviembre de 2019 y la “inclusión potente de los temas de género en el marco de las protestas sociales y políticas en este país se dio a partir del 15 de noviembre del 2019, una vez pactado el acuerdo por el plebiscito. A partir de entonces, el debate dentro de los feminismos giró en torno a cuotas para mujeres como constituyentes y se posicionó como una discusión por la paridad con etiquetas como #10DParidadYa, #ConstituyenteParitaria, #paridadahoraya, o #constituyenteparitaria (…) en paralelo a la emergencia del colectivo Las Tesis” (5). 

El estudio identificó diversos desafíos en el uso de los entornos digitales, entre los cuales se destacan la necesidad de formación en ciberseguridad y uso estratégico de las herramientas digitales, una mayor comprensión de los alcances y las consecuencias de las redes sociales, y mayor autocuidado al utilizarlas. Asimismo, resaltó que es necesario trabajar en la reducción de la brecha digital de género y fortalecer la colaboración regional para trabajar en conjunto en la promoción de consignas y fechas clave. 

Por su parte el informe del Proyecto Aurora “Chile y la violencia de género en Internet: experiencias de mujeres cis, trans y no binaries” (2020)(4) elaborado por Cecilia Ananías Soto y Karen Vergara Sánchez, levantó información en todo el país sobre la situación de violencia digital en Chile, a través de las respuestas entregadas por 531 mujeres (cis, trans, no binaries), de las cuales 62,9% declaró haber sufrido violencia en Internet. 

Ataques vía plataformas 

Los ataques más reportados fueron la violencia verbal (225 casos), hostigamiento y/o acoso (200 casos), envío de videos o fotografías de penes sin consentimiento (168 casos), difamación (83 casos) y amenazas (80 casos); y provenían principalmente de usuarios anónimos o con perfiles falsos (41,9%), seguido por ataques de pareja o ex pareja (18,1%) y ataques por parte de un hombre o grupo de hombres de su entorno (14,8%). Sobre las plataformas donde ocurrieron los ataques, la mayoría de los casos se concentraron en Facebook (209), Instagram (131), WhatsApp (108), Twitter (52) y Gmail (41), y generó en las mujeres daños emocionales, en su autoestima y relación con su cuerpo, vigiladas e inseguras. 

En el ámbito de las mujeres que se desempeñan en espacios públicos, Corporación Humanas, género el informe “Ser políticas en Twitter: Violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes” (2021)(5). El estudio buscó identificar manifestaciones de violencia política en Twitter dirigidas hacia mujeres y disidencias sexuales candidatas a la convención constituyente, entre el 1 de enero (inscripción de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña). 

El estudio clasificó los discursos hacia las mujeres en dos categorías: discriminaciones y desprestigio. Las expresiones de discriminación fueron entendidas como manifestaciones de violencia simbólica contra las mujeres a través de ideas preconcebidas tradicionales de género, como menosprecio a las capacidades, comentarios sobre el cuerpo, roles de género, expresiones clasistas, racistas y antifeministas. Por su parte, el desprestigio fue definido como “comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas/es, algunas veces se expresan de forma sistemática y constante (como campaña), mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter esporádico o puntual”. 

Los resultados dan cuenta que, del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponden a mensajes con algún tipo de violencia explícita; es decir, un 9,2% del total de menciones, donde un 69% corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31% corresponde a desprestigio. En las expresiones discriminatorias, el mayor porcentaje de menciones lo tiene el menosprecio de capacidades (46%), alusiones al cuerpo y sexualidad (38%), seguidas por ofensas clasistas (7%) y roles y mandatos de género (7%). 

De las candidatas estudiadas, 63 se identificaron como feministas, y presentaron 6.246 menciones (8,2%) con algún tipo de violencia explícita. De este total, 69% son expresiones discriminatorias y el 31% es desprestigio. Destacan en estos discursos las alusiones a los mandatos de género, donde el principal insulto es “loca o histérica”, mostrando la forma en que las narrativas se transforman en violencia cada vez que las mujeres se salen del marco de género establecido por la sociedad patriarcal. 

Estos estudios demuestran que la promoción de la igualdad de género y la lucha contra los discursos de odio son temas que han adquirido mayor relevancia en la sociedad chilena, y el ciberactivismo se ha convertido en una herramienta importante para visibilizar estas problemáticas y promover cambios sociales significativos. Es importante seguir fomentando estas iniciativas y promoviendo la educación en temas de género y discriminación para lograr una sociedad igualitaria. 

Se hace necesario la comprensión del impacto que estas narrativas tienen en las personas afectadas y en la sociedad en general, y se promueva una comunicación más responsable y respetuosa desde los medios de comunicación, pero también a través de políticas públicas que permitan ir en este camino. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, sin importar su género, raza, religión u orientación sexual. 

La educación y la comunicación son claves para construir una sociedad libre de odio y discriminación.  

 

Este articulo fue escrito en colaboración con Rocío Alorda, presidenta del Colegio de periodistas de Chile. Puedes ver un avance haciendo clic sobre el vínculo. 

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